Por Constanza Connolly - Agostina Coniglio
Contexto
La evolución de los modelos empresariales y regulatorios, junto con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por los países miembros de las Naciones Unidas, está transformando el rol de los abogados. La sostenibilidad ha dejado de ser una estrategia de relaciones públicas para convertirse en un imperativo estratégico, profundamente ligado a la gestión de riesgos, la cadena de valor y la expectativa de los inversores. En este escenario, surge el derecho de impacto, una práctica jurídica que busca ir más allá de la mera mitigación de riesgos para generar resultados positivos, medibles y sostenibles para las personas y el planeta.
La agenda global marcada por los ODS, en especial el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y el ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos)1, refuerza la necesidad de que los abogados adopten un rol activo en la construcción de instituciones resilientes y cadenas de valor más transparentes.2 Este contexto global se combina con un horizonte normativo en constante evolución, donde regulaciones como la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSRD y la CSDDD por sus siglas en inglés) en Europa, y junto con estándares como los ISSB (S1 y S2), están impulsando a las empresas —y por extensión a sus asesores legales— a adoptar prácticas más responsables.
- Corporate Sustainability Reporting Directiva (CSRD): La Directiva de la Unión Europea busca alinear los reportes en materia de sostenibilidad y ESG con los reportes financieros, convirtiendo a la sostenibilidad y a la transparencia en requisitos obligatorios para las empresas. A tales fines, establece la obligación de reportar desde una perspectiva basada en los impactos, riesgos y oportunidades materiales identificados, en las propias operaciones de las empresas y de su cadena de valor, de acuerdo con los Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS).
- Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): La Directiva de la Unión Europea establece obligaciones para que las empresas identifiquen, prevengan y mitiguen o pongan fin a cualquier impacto negativo real o potencial sobre los derechos humanos y el ambiente, en sus propias operaciones y cadenas de valor.
- NIIF S1 Requisitos generales para la divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad: Establece los requisitos generales para las divulgaciones que realicen las empresas en la materia, y que deben utilizarse en conjunto con la NIIF S2 y las futuras normas que publique el ISSB.
- NIIF S2 Divulgaciones relacionadas con el clima: Establece los requisitos específicos para la divulgación de aspectos (riesgos y oportunidades) relacionados con el cambio climático.
El Punto de Partida: Compliance, ESG y Pro Bono
Compliance: más allá de la norma
La OCDE define el compliance como el “conjunto de políticas y procedimientos implementados por una empresa para asegurar el cumplimiento de leyes, regulaciones y normas internas, incluyendo la identificación, prevención y mitigación de riesgos legales y éticos”3. Sin embargo, el concepto tradicional de compliance resulta insuficiente en el contexto actual. Hoy desde el Pacto Global de Naciones Unidas hablamos de un “Compliance de segunda generación”, donde la integridad y la sostenibilidad se convierten en pilares esenciales, combinandose bajo el concepto de Integridad Sostenible. El abogado ya no es solo un garante del cumplimiento normativo, sino un aliado estratégico que promueve una cultura organizacional basada en la ética y el impacto positivo. En este escenario, asegurar la rendición de cuentas es tan central para el rol del abogado como lo son la creación de valor y obtención de resultados sociales y ambientales positivos.
ESG: factores ambientales, sociales y de gobernanza
Los factores ESG (Environmental, Social and Governance) abarcan las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza que afectan el desempeño financiero y no financiero de una organización. Según IFRS, estos factores se reflejan en aspectos como las emisiones de carbono, la diversidad e inclusión, el capital humano y la estructura del directorio.4 La OCDE subraya que “la integración de estos factores permite a las empresas gestionar riesgos a largo plazo y generar valor sostenible”.5 No obstante, ESG suele quedarse en el plano de la mitigación de riesgos: es decir, evitar daños (“do no harm”)6, sin necesariamente promover un cambio positivo estructural. Ese enfoque resulta limitado, dado que no permite capturar las oportunidades ni el valor que pueden generarse cuando se actúa más allá del cumplimiento en búsqueda de generar impactos positivos.
Pro Bono: el motor de “hacer el bien”
La Declaración del Trabajo Pro Bono para las Américas lo define como “prestar servicios legales gratuitamente o sin la expectativa de recibir pago, que beneficien principalmente a personas o comunidades pobres o menos privilegiadas y a las organizaciones que los asisten”.7 TrustLaw, la red global Pro Bono de la Fundación Thomson Reuters, enfatiza el valor del trabajo pro bono como herramienta de justicia social y participación cívica. Sin embargo, aunque esencial, el pro bono no captura todas las dimensiones del impacto que hoy se espera de la profesión legal.
La Brecha: del check-box a la transformación
Si bien el compliance, ESG y el pro bono son herramientas fundamentales, a menudo se aplican desde una lógica de mero cumplimiento, sin abordar la verdadera transformación que requieren los desafíos sociales y ambientales actuales. Este fenómeno, conocido como el enfoque de 'check-box', implica cumplir con lo exigido sin generar cambios sustanciales. El derecho de impacto, en cambio, busca superar esa brecha y conectar la práctica legal con resultados tangibles de valor social y ambiental.
Al desafiar esa lógica, el derecho de impacto invita a los abogados a asumir un rol más proactivo, no sólo para garantizar el cumplimiento, sino también para guiar a sus clientes hacia la generación de resultados sociales y ambientales positivos.
El Derecho de Impacto: una oportunidad
El derecho de impacto integra la ética y vocación de servicio del pro bono, el enfoque de riesgos de ESG y la disciplina del compliance, pero va más allá: busca crear valor social y ambiental tangible. Según la Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL), un abogado de impacto es el “profesional que utiliza la práctica del derecho para tener un impacto positivo en las personas y el planeta, y para acelerar una transición justa, con la convicción de que los abogados están en una posición única para facilitar el cambio y apoyar el movimiento hacia un sistema más equitativo”.8
Este enfoque invita a redefinir la práctica jurídica. El abogado de impacto se sitúa como un “arquitecto de soluciones transformadoras”, capaz de alinear el derecho con los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza del siglo XXI, y de adaptarlo activamente para utilizarlo como herramienta de cambio
Si bien es posible ser abogado de impacto en cualquier rama del derecho, el área de mayor potencial es el derecho corporativo, dado que el sector empresarial es un motor esencial de transformación social y ambiental. No se trata de realizar cambios globales inmediatos, sino de un trabajo continuo, práctico y orientado a guiar cada proyecto hacia resultados positivos.
Son los abogados y, en especial aquellos que asesoran dentro del ámbito corporativo, aquellos que tienen un rol estratégico al guiar a los actores del mercado y ayudar a definir las estructuras económicas fundamentales. Este enfoque exige un asesoramiento más innovador, que desde un concepto de ética más amplio, aplique criterios sociales y ambientales provenientes de fuentes más amplias que la legislación o jurisprudencia.
A nivel global, tanto la regulación como la jurisprudencia han adoptado progresivamente marcos y estándares internacionales que trascienden la legislación vigente, utilizándolos como referencia para orientar decisiones y diseñar nuevas normativas. Esta dinámica exige que el asesoramiento legal evolucione, integrando enfoques más amplios que permitan responder con eficacia a entornos de mercado cada vez más complejos y dinámicos.
Los abogados como parte de la cadena de valor
Los estudios jurídicos y los departamentos legales forman parte esencial de la cadena de valor de las empresas a las que asesoran. Esto implica que deben adoptar los mismos estándares de sostenibilidad, transparencia e integridad que promueven hacia sus clientes. Por un lado, esto se refleja en que los abogados seleccionen y trabajen con clientes cuyas prácticas y valores estén alineados con un compromiso genuino con el impacto positivo. Por otro, reconoce que, al mismo tiempo, las firmas actúan como proveedores dentro de esa cadena de valor y que, así como asesoran a sus clientes en una gestión responsable, también enfrentan el desafío de cumplir con esas mismas expectativas en su propia práctica. Esto requiere desarrollar prácticas responsables que atraviesen su modelo de negocio, su misión y hasta su estructura de toma de decisiones (gobernanza).
El abogado in-house (general counsel) ocupa un lugar estratégico en la integración de políticas corporativas sostenibles. Las mejores prácticas internacionales subrayan que los departamentos legales pueden ser impulsores de una gobernanza transformadora, articulando la gestión de riesgos ESG con la estrategia corporativa, supervisando la cadena de suministro, mejorando la transparencia de los datos y previniendo riesgos de reputación o greenwashing. Este rol no solo consiste en cumplir normativas, sino en alinear la toma de decisiones empresariales con objetivos sociales y ambientales de largo plazo, reforzando la confianza de los inversores y la competitividad del negocio. Lo cual requiere de una mirada integral que permita liderar equipos multidisciplinarios e impulsar procesos reales de transformación.
Conclusión
La profesión legal está en un punto de inflexión. Compliance, ESG y pro bono son pilares fundamentales, pero el desafío actual es trascenderlos para abrazar el derecho de impacto como una filosofía de trabajo. Los abogados, al ser parte de la cadena de valor, tienen la capacidad de catalizar cambios reales en los modelos de negocio, asegurando que la rentabilidad y la sostenibilidad avancen de la mano. En última instancia, ejercer el derecho de impacto significa ”recuperar el propósito original de la abogacía”: ser agentes de justicia y transformación positiva para la sociedad y el planeta.
Para acompañar esta evolución, los abogados necesitan adquirir nuevas herramientas, lenguajes y marcos de análisis que les permitan integrar el impacto en su práctica cotidiana. Esto requiere desarrollar habilidades técnicas e interdisciplinarias, así como espacios de reflexión colectiva sobre el rol de la profesión en un contexto en transformación.
Autores: Constanza Connolly - Agostina Coniglio
Las autoras de este artículo impulsan el Programa Internacional de Derecho de Impacto de la Universidad Austral, iniciativa reconocida como finalista del Grunin Prize for Law and Social Entrepreneurship. Este programa busca ofrecer un espacio de formación y diálogo para profesionales del derecho interesados en integrar una perspectiva transformadora y de impacto social y ambiental en su práctica
1. Naciones Unidas. (2015). Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2. Linklaters y ONU. (2017). “General Counsel Guide to Corporate Sustainability.” Linklaters LLP.
3. OCDE. (2010). “Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance” Publicación OCDE.
4.IFRS. (2023). “International Sustainability Standards Board (ISSB) – S1 and S2 Requirements” IFRS Foundation.
5. OCDE. (2022). “Business Responsibilities in ESG Reporting.” Publicación OCDE.
6. Impact Investing Institute. (2021). “Impact Report 2019–2020”. Londres, Reino Unido.
7. TrustLaw. (2020). “Definición y estándares del trabajo pro bono.” Thomson Reuters Foundation.
8. Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL). (2024). “Building an Impact Law Practice.” GAIL es una comunidad de líderes legales, que busca evolucionar la abogacía tradicional, impulsando el uso de la práctica del derecho para influir positivamente en las personas y el planeta, acelerando al mismo tiempo la transición justa. En 2025 GAIL celebrará su encuentro anual en la Ciudad de México durante el mes de octubre.