“Difusión del mecanismo de protección a los derechos de niños y niñas en la escuela”
Autores: Margeory Pérez Mansilla, Hernán González Guzmán y Gabriel Carvajal Collao.
Objetivo: Crear herramientas para que profesores y miembros de la comunidad escolar puedan detectar y sepan cómo tratar situaciones de vulneración de derechos en alumnos.
“Pro Adulto Mayor”
Autores: Nicolás Romero Silva y Esperanza Braghetto.
Objetivo: Ayudar a adultos mayores en su acceso a información y a asistencia legal para enfrentar la vulneración de sus derechos, específicamente en temas de abuso patrimonial.
“Calle Libre ¡Hazlos valer!”
Autores: Víctor Beltrán Román, Camila Pérez Contreras y Josefa Zamorano Quiroga.
Objetivo: Fortalecer conocimiento de Derechos Fundamentales entre la población joven y facilitar el acceso a la justicia en casos de vulneración de derechos durante controles de identidad preventivos.
Todos estos proyectos, que buscan entregar soluciones jurídicas a complejas problemáticas sociales, lograron los puntajes más altos en los criterios que evalúa el concurso, como son innovación, viabilidad, impacto social, alcance y replicabilidad, entre otros.
A partir de marzo, estos equipos contarán con recursos humanos, materiales, financieros, y el patrocinio de un estudio jurídico o departamento legal, para perfeccionar y llevar a cabo la implementación de sus proyectos. Posteriormente, el equipo que evidencie la mejor ejecución, viajará a presentar su idea a un país miembro de la Red Pro Bono de las Américas.
“En los tres proyectos ganadores encontramos ideas novedosas para abordar problemáticas latentes y sensibles, como son la niñez, la vejez y la violencia. Todas apuntan a informar, facilitar el acceso a la justicia y crear soluciones eficientes y eficaces para mejorar la calidad de vida de comunidades y lograr mayor bienestar en el país”, explicó Carolina Contreras, Directora Ejecutiva de Fundación Pro Bono.
El jurado estuvo compuesto por Pablo Guerrero (Barros & Errázuriz); Pedro Pablo Gutiérrez (Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo Abogados); Jorge Allende (Carey& Allende), Pablo Mir (Bofill Mir & Alvárez Jana Abogados); Arturo Alessandri (Alessandri Abogados) y María Paz Garáfulic, en representación de la sociedad civil.