En esta entrevista, Jorge Luis Ariza, socio de O'Farrell, analiza los principales desafíos jurídicos que aparecen cuando los proyectos mineros y energéticos pasan de la etapa de planeamiento a la ejecución concreta: permisos, contratos EPC, riesgos de completamiento, financiamiento, licencia social y administración de controversias.

En los últimos años se anunciaron numerosos desarrollos vinculados a minería y energía en Argentina. ¿Qué particularidades jurídicas aparecen cuando un proyecto deja la etapa de planeamiento y entra en ejecución concreta?

Cuando un proyecto pasa del análisis de factibilidad a la decisión de inversión y a la construcción, cambia el centro de gravedad del asesoramiento legal. La discusión ya no se agota en la estabilidad del marco regulatorio o en la estructura de inversión: aparece con mucha fuerza el riesgo propio de la ejecución. Esto incluye la contratación de equipos de gerenciamiento, ingeniería, suministros para transitar las primeras etapas de la ejecución como la contratación de actividades tempranas como movimiento de suelos, infraestructura de apoyo y compra de equipos de larga entrega.

En esa etapa se vuelve crítico el armado de paquetes de contratos que se alinean con los objetivos de los proyectos y la planificación de los principales suministros de bienes y servicios.

 Asimismo, toma relevancia todo lo que se relaciona con la obtención y mantenimiento de los permisos ambientales, de agua, construcción, acceso, servidumbres, tierras y, en general, todas las autorizaciones que condicionan el cronograma. También aparecen desafíos vinculados con infraestructura habilitante, como rutas, energía, agua o telecomunicaciones, que en muchos casos el propio proyecto debe desarrollar o coordinar.

El gran tema jurídico es el abordaje contractual para mitigar el riesgo de completamiento: llegar a la puesta en marcha en plazo, dentro del presupuesto y con las prestaciones comprometidas. Allí se prueba la calidad de los contratos y de su administración. El abogado cumple un rol muy relevante junto al equipo del proyecto, porque debe ayudar a que los instrumentos contractuales funcionen como herramientas de gestión y fuente de mitigación de los impactos de las controversias.

En obras de gran escala suelen convivir múltiples actores: sponsors, contratistas EPC, proveedores, financiadores y organismos públicos. ¿Cuáles son los principales riesgos contractuales que observa hoy en este tipo de proyectos?

El riesgo contractual central sigue siendo el riesgo de completamiento en un contexto donde hay múltiples stakeholders involucrados con intereses bien diferenciados pero que confluyen en el objetivo de llevar adelante el proyecto. En términos prácticos, este riesgo se manifiesta cuando la obra no se termina al precio previsto, no se cumple el plazo programado o no se alcanzan los niveles de desempeño comprometidos. Por eso, el contrato de construcción debe dar previsibilidad sobre precio, plazo y calidad técnica.

En los proyectos de gran escala es frecuente acudir a contratos EPC, muchas veces bajo modalidad llave en mano. El atractivo de este esquema es que permite concentrar en el contratista una parte significativa de los riesgos de ingeniería, procura y construcción. Esta preocupación por el riesgo de construcción y por contar con contratos que asignen adecuadamente los intereses y responsabilidades de las partes también se refleja en los modelos internacionales de contratación. Un ejemplo claro es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), que ha desarrollado contratos ampliamente utilizados en la industria; entre ellos, el Libro Plateado, pensado para proyectos llave en mano, en los que el contratista asume la entrega de una instalación completa, desde la ingeniería hasta las pruebas de desempeño.

 Sin embargo, no todos los riesgos son transferibles al contratista ni conviene que lo sean. Los cambios de ley, la gestión de permisos estratégicos, la liberación de tierras, el licenciamiento ambiental o relacionamiento con ciertos reguladores suelen quedar del lado del dueño, porque es quien normalmente cuenta con mejor información y mayor capacidad de gestión frente a las autoridades gubernamentales.

Otros riesgos operativos sí suelen trasladarse típicamente al contratista, como la revisión de la ingeniería, las condiciones del sitio, estudios de suelo, interferencias, coordinación con subcontratistas, cumplimiento de especificaciones y cronogramas. 

A su vez, los financiadores buscan que queden en los contratos reglas claras sobre pruebas de completamiento, garantías, penalidades por demora, derechos de auditoría, derechos de step-in y seguros. El desafío es armonizar esos intereses y asignar cada riesgo a quien está en mejores condiciones de administrarlo.

"La inestabilidad no sólo afecta el financiamiento. También impacta en la ejecución diaria de la obra, especialmente cuando se requieren equipos importados, repuestos, tecnología o insumos críticos. Por eso, los contratos deben prever desde el inicio cómo se asignan esos riesgos y qué ocurre si una restricción impide cumplir el cronograma original".

Desde su experiencia en O'Farrell, ¿qué conflictos aparecen con mayor frecuencia durante la ejecución de proyectos mineros y energéticos: demoras, sobrecostos, permisos, cambios regulatorios u otros?

Las causas son variadas, pero muchas controversias nacen de documentos contractuales deficientes. Una mala definición del alcance, imprecisiones técnicas, procedimientos de prueba incompletos o reglas poco claras sobre puesta en marcha suelen derivar en reclamos por mayores costos, extensión de plazos o imposibilidad de ejecutar la obra como fue diseñada.

En las etapas iniciales, la demora en la obtención de permisos o la falta de claridad sobre quién debe gestionarlos es una fuente muy frecuente de conflicto. Durante la ejecución, la gestión de cambios concentra buena parte de las disputas: autorizaciones tardías, modificaciones de alcance, cambios de ley, cambios en la secuencia constructiva o desacuerdos sobre precios aplicables a los trabajos adicionales.

También son habituales los reclamos por demoras en pagos o en la aprobación de certificados, los eventos de fuerza mayor o de terceros, las suspensiones de trabajos y las discusiones sobre impacto en la ruta crítica. En la etapa final aparecen conflictos vinculados con pendientes de obra, pruebas, recepción y handover. En proyectos complejos, la existencia de disputas no resueltas no es excepcional; lo importante es contar con mecanismos para que no escalen y afecten el avance del proyecto.

En contextos macroeconómicos inestables, ¿cómo impactan variables como inflación, restricciones cambiarias o dificultades para importar insumos en la estructura legal y contractual de una obra?

La macroeconomía incide desde el inicio, porque condiciona la financiabilidad del proyecto. Inflación, tipo de cambio, tasas de interés, riesgo país, restricciones a la repatriación de capital y limitaciones cambiarias impactan en el costo del financiamiento, en la tasa de retorno esperada y en la decisión misma de invertir.

En la estructura contractual esto obliga a trabajar con mucha precisión las cláusulas de moneda de pago, ajustes de precio, impuestos, cambios de ley, restricciones aduaneras, importación de equipos y mecanismos de compensación frente a medidas que alteren el equilibrio económico del contrato. En proyectos de largo plazo, también cobran relevancia las reglas de estabilidad normativa y el mantenimiento de permisos, autorizaciones y su tratamiento como cambios de ley.

La inestabilidad no sólo afecta el financiamiento. También impacta en la ejecución diaria de la obra, especialmente cuando se requieren equipos importados, repuestos, tecnología o insumos críticos. Por eso, los contratos deben prever desde el inicio cómo se asignan esos riesgos y qué ocurre si una restricción impide cumplir el cronograma original.

El componente socioambiental ganó centralidad en los últimos años. ¿Qué rol cumple hoy el abogado frente a temas como licencia social, relacionamiento comunitario y cumplimiento ambiental?

El impacto ambiental y social de los proyectos ya no es un tema accesorio. Forma parte de la decisión de inversión, del financiamiento, de la obtención de permisos, de la construcción y también de la etapa posterior al cierre o finalización del proyecto. La licencia social se construye con información, participación y cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos.

El abogado debe ayudar a identificar los estándares aplicables y los riesgos asociados. Eso incluye el marco regulatorio ambiental, los requisitos sectoriales de minería y energía, las exigencias de autoridades locales y provinciales, y también las políticas de bancos e instituciones multilaterales cuando participan en el financiamiento.

En la práctica, el asesor legal integra equipos de gestión que trabajan con permisos, comunidades, superficiarios, autoridades y otros grupos de interés. Su rol no es sólo defensivo o de cumplimiento formal: debe contribuir a diseñar procesos transparentes, documentar compromisos y evitar que una cuestión socioambiental mal gestionada se transforme en un obstáculo crítico para el proyecto.

Cuando surge una contingencia relevante, ¿qué valor aporta un asesor legal que participa desde el inicio del proyecto y no solamente cuando estalla el conflicto?

El valor está en el conocimiento acumulado del proyecto, de sus riesgos y de la lógica contractual que se negoció desde el inicio. Quien participa tempranamente puede anticipar escenarios de conflicto y ayudar a tratarlos antes de que se conviertan en una controversia difícil de administrar.

En la ejecución de una obra, la administración contractual es tan importante como la redacción del contrato. El abogado puede colaborar en la gestión de avisos, reservas, órdenes de cambio, evidencia documental, certificaciones, reclamos y negociaciones directas entre las partes. Esa intervención temprana permite ordenar la discusión y buscar soluciones compatibles con la continuidad del proyecto.

Si el conflicto escala, ese conocimiento también es un activo. Permite activar mecanismos como dispute boards, preparar mejor una negociación compleja y, en última instancia, defender la posición del cliente en un arbitraje o juicio con una comprensión real de cómo se desarrolló la obra.

Mirando hacia adelante, ¿qué condiciones deberían consolidarse para que Argentina pueda transformar su potencial minero y energético en proyectos efectivamente ejecutados y sostenibles en el tiempo?

Argentina necesita consolidar un marco de reglas previsible y una mejora macroeconómica que reduzca el costo del financiamiento. La Ley de Bases y el RIGI representan un punto de inflexión porque buscan reconstruir confianza sobre la base de estabilidad, incentivos y protección de inversiones. En minería, esto complementa el régimen de inversiones mineras; en hidrocarburos, continúa un proceso de evolución normativa que comenzó con la reforma de la Ley 17.319 y se profundizó con el desarrollo de los no convencionales.

Pero la previsibilidad normativa no alcanza si en la ejecución aparecen obstáculos administrativos que vuelven inviable el cronograma. Permisos, habilitaciones, licencias, reglas de compre provincial, liberación de trazas, acceso a tierras e infraestructura asociada deben funcionar con mayor coordinación y eficiencia.

También será clave consolidar una mirada social más madura sobre el impacto de estos proyectos. Si Argentina logra combinar estabilidad jurídica, mejora macroeconómica, infraestructura, licencia social y capacidad administrativa, tendrá mejores condiciones para transformar su potencial minero y energético en proyectos financiables, ejecutables y sostenibles en el tiempo.