Talento, tecnología, liderazgo y nuevos modelos de organización atraviesan un mercado laboral jurídico en plena transformación. Destacados referentes del sector analizan los principales desafíos y oportunidades que marcarán el trabajo de los abogados de cara a 2026.

El mercado laboral jurídico atraviesa un proceso de cambio profundo que va mucho más allá de la incorporación de tecnología o de nuevas formas de trabajo. La manera en que los estudios jurídicos gestionan el talento, lideran equipos, diseñan carreras profesionales y se vinculan con las expectativas de las nuevas generaciones de abogados está siendo puesta a prueba como nunca antes.

De cara a 2026, la pregunta ya no es si el trabajo legal va a transformarse, sino cómo y a qué ritmo.

La demanda de perfiles más especializados, la presión por mayor eficiencia, la competencia por el talento y la aparición de recorridos profesionales no tradicionales obligan a repensar el modelo clásico de carrera jurídica.

En este contexto, AUNO Abogados convocó a destacados referentes del mercado para conocer sus opiniones y así trazar un mapa del trabajo jurídico del futuro cercano. Un informe para entender qué está cambiando hoy y qué deberán hacer abogados y organizaciones legales para seguir siendo competitivos en 2026.

Socio en Zang, Bergel & Viñes Abogados / Real Estate y Derecho de la Construcción

Uno de los principales desafíos que enfrenta el sector de real estate de cara a 2026 es ampliar el actual mercado inmobiliario con destino residencial. Facilitar las condiciones por el lado de la demanda aparece como una vía posible, en tanto permitiría incorporar compradores finales de unidades en pozo que hoy se encuentran fuera del mercado por la falta —o escasez— de oportunidades de financiación adecuadas a sus ingresos.

Durante 2025 se observó cómo, de manera todavía incipiente, ciertos desarrollos comenzaron a modificar la estructura comercial tradicional, que exigía al comprador cancelar el precio de la unidad con anterioridad o, a más tardar, al momento de la entrega de la posesión. Si bien la mora en el caso de compradores finales es muy baja, el riesgo de acordar la cancelación del saldo de precio con posterioridad a la posesión es asumido, hasta ahora, por el desarrollador o vendedor que entrega la unidad. Esta situación se mantiene hasta que la unidad se encuentra en condiciones de ser afectada al régimen de propiedad horizontal, lo que permite continuar financiando el saldo mediante una hipoteca sobre la propia unidad o bien cancelarlo a través de un crédito hipotecario.

El desafío puede organizarse en al menos cuatro ejes centrales: la compra en pozo de unidades de vivienda, la financiación post posesión, el rol que adopten las entidades financieras para desinteresar al desarrollador y continuar financiando al comprador, y la confianza del sistema en la implementación de herramientas jurídicas que, como el derecho real de superficie sobre construcciones, han sido incorporadas al Código Civil y Comercial y aún se encuentran en proceso de consolidación normativa.

Como estudio jurídico, nos ha tocado trabajar en distintas alternativas, particularmente en emprendimientos inmobiliarios que se desarrollan por etapas y en los que, por razones comerciales o de otra índole, no resulta conveniente otorgar altas parciales de unidades bajo el régimen de propiedad horizontal.

Entre las herramientas jurídicas a explorar se destaca el otorgamiento de un derecho real de superficie sobre la futura unidad cuando esta, aun sin reunir las condiciones técnicas y jurídicas para su afectación a propiedad horizontal, se encuentre en condiciones de habitabilidad. Una vez constituido dicho derecho, el comprador podría otorgar una hipoteca sobre el derecho real de superficie que garantice el saldo de precio adeudado.

En materia de oportunidades, otro factor clave será la posibilidad de que las entidades financieras comiencen a compartir parte del riesgo que hoy asumen casi exclusivamente desarrolladores y vendedores. Una ampliación —aunque gradual— del financiamiento post posesión podría dinamizar de manera significativa el mercado. Durante 2024 y 2025 se han registrado avances en este sentido, con la incorporación de regulaciones de menor rango que permiten su aplicación.

En definitiva, el crecimiento sostenido del mercado inmobiliario dependerá de la sistematización de estas u otras herramientas jurídicas que otorguen previsibilidad tanto a compradores y vendedores como a las instituciones crediticias.

Socio Director en Bragard (Uruguay) / Banca y Finanzas · Corporativo

Uruguay es un país reconocido por su solidez, estabilidad institucional, seguridad jurídica y previsibilidad normativa, factores que han consolidado su reputación como un destino confiable para la inversión y el desarrollo de negocios.

El inicio de un nuevo año, en este caso 2026, trae consigo relevantes modificaciones a nivel legal, muchas de ellas vinculadas a la agenda impulsada por el nuevo gobierno. Se destacan las siguientes tendencias y novedades, que consideramos especialmente relevantes para empresas e inversores:

Implementación de cambios fiscales introducidos por la Ley de Presupuesto Nacional, entre los que se destaca la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD), aplicable a empresas locales pertenecientes a grupos multinacionales. Asimismo, se introducen modificaciones en la tributación de transferencias indirectas de activos de entidades no residentes,  se grava la renta por incremento patrimonial en bienes en el exterior, ajustes en el tratamiento de dividendos pagados a no residentes y un nuevo régimen de tax holiday, entre otras disposiciones.

Avances en regulación de la Inteligencia Artificial mediante la consolidación de un marco regulatorio dinámico y progresivo impulsado por el Decreto N° 276/025 del 2 de diciembre de 2025, que por primera vez establece un esquema de gobernanza y habilita “entornos controlados de prueba” —sandboxes regulatorios— y “espacios de datos” para experimentar proyectos basados en IA y datos bajo supervisión estatal. 

Nuevo régimen aplicable a grandes obras residenciales, junto con actualizaciones relevantes en los incentivos y procedimientos de promoción de inversiones bajo el régimen. Según el tamaño ahora puede acceder al beneficio máximo del 100% si se presenta antes de 2028 y ejecuta antes de 2031, cumpliendo con indicadores de empleo e innovación. También se incentiva a los Proyectos con alta innovación (I+). 

Nueva reglamentación de la licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales. Se espera que el Banco Central del Uruguay apruebe en abril 2026 la reglamentación para el funcionamiento de este tipo de proveedores, fundamental para el desarrollo de este segmento de la economía.

Cambios en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En próximos meses seguramente termine de aprobarse las modificaciones que propuso el Poder Ejecutivo que refuerzan las obligaciones de debida diligencia, reduce el monto máximo de uso de efectivo a USD 40.000, amplía las obligaciones para sujetos obligados no financieros, amplía los plazos de conservación de documentos y se crean nuevos delitos precedentes. 

Mejoras en el mercado de valores, entre las que se encuentra la regulación de las cuentas globales o cuentas ómnibus que utilizan en su operativa los intermediarios de valores. También mejorar los tiempos de autorización y registro para trámites regulatorios.

Desdolarización. El BCU ha anunciado su objetivo de fomentar la desdolarización para reducir la volatilidad, proteger el ahorro y facilitar el acceso al crédito.

Socia en Abeledo Gottheil Abogados / Tributario

La Ley de Inocencia Fiscal publicada a principios de este año y el cambio de paradigma que plantea, sin dudas será uno de los temas que marcará la agenda del 2026. 

La idea de que los contribuyentes puedan optar por un régimen simplificado que repose en su buena fe al declarar y que, por lo tanto, su declaración goce de una presunción de "exactitud", no sólo representa un beneficio para el contribuyente, sino que, sobre todo, determina la inversión de un principio (no escrito) de que el contribuyente es "evasor" hasta que no se demuestre lo contrario. Si el espíritu que denota la ley fuera acompañado por el Fisco podremos afirmar que el cambio representa un hito en la sistema tributario. Caso contrario, mantendremos o -inclusive- incrementaremos los niveles de litigiosidad que hasta ahora existen con los fiscos.    

También pensamos que habrá mucho movimiento si se concreta la gran expectativa de la reforma fiscal, de la cual se viene hablando desde la asunción del Gobierno de Javier Milei. 

Finalmente, pensamos que, la paulatina apertura de la economía, sumada a la existencia de proyectos como el RIGI están generando un marco propicio para las inversiones y ello si dudas dará origen a un gran movimiento en las operaciones y en la planificación fiscal de las empresas. 

Socio en TCA Tanoira Cassagne / Derecho Administrativo, Defensa de la Competencia, y Regulación del Comercio Interior y Exterior

En relación al área de Derecho Administrativo, 2026 será el año de consolidación de la tendencia iniciada en el segundo semestre de 2025. Prevemos la concreción de nuevos proyectos de inversión bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en sectores estratégicos como oil & gas, minería y energías limpias, y otros sectores, impulsados tanto por grupos inversores extranjeros como por grupos locales relevantes -inclusive, impulsando la actividad de M&A-. Por otra parte, 2026 debería marcar el despegue definitivo de los procesos de privatización de empresas públicas pendientes -proceso iniciado tímidamente con los corredores viales- y la reactivación de proyectos de infraestructura que han sufrido demoras. Este escenario, potenciado por el continuo proceso de desregulación económica en innumerables sectores de la economía, representa tanto un desafío como una oportunidad para esta área de práctica de TCA.

En relación al área de Defensa de la Competencia y Regulación del Comercio Interior y Exterior, el 2026 también planteará desafíos y oportunidades de relevancia desde el punto de vista profesional. En primer lugar, el abandono de las políticas intervencionistas y de los controles de precios, sumado a una mayor estabilidad económica y fiscal, ha dado lugar al restablecimiento de un marco de competencia efectiva entre empresas. Esto devuelve relevancia sustancial a las herramientas legales de tutela de la defensa de la competencia y la competencia leal entre los competidores, como así también a los instrumentos de protección de los consumidores. Luego de la puesta en funcionamiento en 2025 de la Autoridad Nacional de Competencia (ANC) —entidad descentralizada y autónoma del Poder Ejecutivo Nacional, creada por la Ley 27.442—, el desafío es que la misma intensifique el enforcement en la lucha contra practicas anticompetivas, e impulse la transición al sistema de “contros previo” de concontraciones económicas, que entrará en vigor en Noviembre de 2026. Desde la perspectiva del comercio exterior, prevemos que el debate se centrará en la necesidad y conveniencia en la aplicación de la normativa antidumping frente a importaciones “desleales” (comercio “no justo”) -especialmente aquellas provenientes de Asia-, en un contexto global marcado por el cierre de mercados internacionales y la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y Europa, y que podría afectar sensiblemente a sectores industriales nacionales.

Socio en Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen / Derecho Bancario & Financiero, Cambiario y Comercial

El 2026 se perfila como un año de expansión para la práctica legal vinculada a la inversión privada y al desarrollo de nuevos negocios, en la medida en que Argentina comienza a consolidarse nuevamente como un destino atractivo para el capital internacional. La combinación de un proceso sostenible de reordenamiento monetario y cambiario, equilibrio fiscal, drástica baja de la inflación y una mayor seguridad jurídica genera condiciones propicias para una reactivación sostenida de la actividad transaccional, tanto a nivel local como internacional.

En este contexto, resulta esperable una profundización del financiamiento privado. Al crecimiento del mercado de deuda internacional —tanto bancaria como a través del mercado de capitales— podría sumarse gradualmente un mayor protagonismo del financiamiento vía equity, reabriendo una vía de financiamiento que permaneció prácticamente vedada para los emisores argentinos durante los últimos años y que podría volver a cobrar relevancia en un escenario de mayor estabilidad. La reaparición de Argentina en los mercados voluntarios de deuda y la creciente sofisticación de las emisiones corporativas funcionan como señales claras de este cambio de ciclo.

Asimismo, el avance de procesos de privatización y concesión de obra pública abrirá un espacio relevante para la estructuración de proyectos complejos, con fuerte interacción entre derecho administrativo, regulación sectorial y la necesidad de financiamiento. A ello se suma el dinamismo esperado en sectores estratégicos como minería, oil & gas, agro-negocios, energías renovables y desarrollos vinculados al hidrógeno y a la economía del conocimiento, que concentran buena parte del interés de los inversores de largo plazo.

En paralelo, las reformas en materia laboral y tributaria llevarán a muchas compañías a replantear sus esquemas de contratación, estructuras fiscales y modelos operativos, impulsando una mayor demanda de asesoramiento integral y estratégico.

Para los estudios jurídicos, el desafío será acompañar este proceso con soluciones legales sofisticadas, transversales y orientadas al negocio, en un mercado que comienza a recuperar dinamismo, escala y proyección internacional.

Socio en Abeledo Gottheil Abogados / Defensa de la Competencia

Novedad clave en antitrust para 2026: entrada en vigencia del control previo de concentraciones económicas

En materia de Defensa de la Competencia, la novedad más relevante – a la fecha – es que a partir del 17 de noviembre de 2026, comenzará a aplicarse en forma plena en  Argentina el sistema de notificación y aprobación previa (pre-closing) de las operaciones de concentración económica.

Cabe recordar que el artículo 9 de la Ley de Defensa de la Competencia 27.442 (“LDC”), en vigencia desde el año 2018, estableció el que los actos de concentración económica susceptibles de autorización debían ser “notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control”.

No obstante, la LDC estableció una disposición transitoria en su artículo 84 según el cual el control previo entraría en vigencia un año después de la efectiva constitución de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).

Dicho hito fue cumplido mediante el Decreto 803/2025, publicado el 17 de noviembre de 2025, que estableció la conformación de la ANC con operatividad inmediata. En consecuencia, desde esa fecha, las transacciones alcanzadas no podrán perfeccionarse sin contar previamente con la autorización de la ANC.

Este cambio introduce una modificación estructural del régimen histórico de control de concentraciones en la Argentina, que durante más de dos décadas se basó en un sistema de notificación posterior al cierre de las operaciones.

El pasaje a un control previo alinea al país con los estándares internacionales en materia de defensa de la competencia y supone un adelantamiento del análisis de las cuestiones de antitrust a las etapas iniciales del proceso de M&A.

El nuevo régimen también tendrá un impacto relevante en la asignación de riesgos e incumbencias entre comprador y vendedor respecto del impacto que la LDC pueda tener en la operación.

Bajo el sistema actualmente vigente y que finalizará el 17 de noviembre de 2026, el análisis posterior al cierre hacía que el riesgo antitrust recayera en los hechos principalmente sobre el comprador, dado que la operación ya se encontraba cerrada al momento del análisis.

Con el control pre-closing, la aprobación de la autoridad pasa a ser una condición indispensable para el cierre, lo que en la práctica obliga a ambas partes a involucrarse activamente y a cooperar en el proceso de notificación y aprobación.

Este cambio incidirá directamente en la negociación contractual y en la estructuración de las operaciones que prevean su cierre a partir de noviembre de 2026. 

Chairman en Allende & Brea / Fusiones y Adquisiciones, Societario, Contratos de Distribución, Licencia / Franquicia y Forestal

En el área Corporate de Allende & Brea, esperamos que 2026 esté definido por un incremento sensible en las reorganizaciones societarias, impulsadas por procesos de consolidación de negocios y por un mayor dinamismo en la inversión directa extranjera y local. Muchas compañías ya están ejecutando fusiones intragrupo, así como la adquisición de activos estratégicos, y todo indica que esta tendencia continuará. Observamos, además, una mayor actividad en sectores como energía, infraestructura, tecnología, minería y agronegocios, donde se prevé un ciclo de crecimiento y nuevas oportunidades de inversión. Este contexto abre espacio para acompañar con mayor intensidad decisiones de inversión y expansión durante 2026.

En cuanto a los retos para este año, consideramos que la instrumentación y capacitación en herramientas de inteligencia artificial para ser más eficientes, absorber un mayor volumen de trabajo y profundizar capacidades con apoyo de IA, constituye, a la vez, un desafío y una oportunidad. La adopción de IA y automatización exige redefinir políticas de supervisión, responsabilidades y controles, adecuando manuales y flujos de aprobación para mitigar riesgos legales y contractuales.

Como ejes de crecimiento, pronosticamos procesos de M&A oportunistas mediante los cuales empresas consolidadas podrán aprovechar valuaciones atractivas o situaciones de stress financiero para expandirse; reorganizaciones para capturar eficiencias; estructuras creativas de financiamiento y due diligence ágil orientada a materialidad. También prevemos joint ventures y coinversiones cross- border para acelerar la entrada al mercado y escalar proyectos, especialmente en energía e infraestructura.

En nuestra área de Corporate, nuestro foco es combinar ejecución ágil, estructuración sofisticada y soporte multisectorial. Estamos ampliando el equipo para absorber mayor volumen y complejidad de transacciones para este 2026.

Socio en MBPartners / Derecho Financiero, Bancario y Mercado de Capitales

De cara a 2026, el panorama legal y económico argentino comienza a mostrar señales que apuntan a un cambio de ciclo. Desde MBPartners | Abogados, observamos un escenario en el que emergen oportunidades concretas en sectores clave de la economía, con impacto directo en el volumen y la sofisticación del asesoramiento legal.

Uno de los motores más visibles de esta dinámica es la actividad minera, uno de los ejes de atracción de inversiones productivas con proyectos de largo plazo. Así, el desarrollo de proyectos vinculados al oro, cobre, minerales críticos como el litio y otros minerales estratégicos, genera un flujo sostenido de operaciones, procesos de due diligence y transacciones de M&A, estructuras de inversión, financiamientos, etc. 

Junto con la minería, el sector energético y de oil & gas mantienen un rol protagónico dentro de la agenda de inversiones. El potencial de Vaca Muerta, actores focalizando en proyectos no convencionales y dejando áreas convencionales -mientras otros actores adquieren tales áreas-, los proyectos de transporte y evacuación de hidrocarburos, el desarrollo de infraestructura asociada y la transición energética de la mano a un nuevo marco normativo, generan operaciones relevantes. Este contexto, también genera un incremento en el soporte regulatorio y su actualización, transacciones de M&A, financiamientos estructurados, contratos de largo plazo y emisiones en el mercado de capitales, entre otros.

En paralelo, comienza a visibilizarse una reactivación de la industria de infraestructura, de la mano de la registración de nuevas licitaciones públicas y esquemas de participación privada bajo la ley de obras públicas. Proyectos vinculados a rutas, transporte y distribución de energía eléctrica, puertos y logística vuelven a ocupar un lugar relevante en la agenda, planteando desafíos legales en materia de contratación pública, garantías, financiamiento y asignación de riesgos. Este proceso, aún incipiente, anticipa un mayor dinamismo transaccional y una creciente sofisticación en la estructuración de proyectos. 

Otro eje clave para el año que comienza es el avance de los procesos de privatización y reorganización de empresas públicas. En este ámbito, advertimos un marcado interés de clientes e inversores del exterior que se encuentran analizando activamente distintas oportunidades. 

Asimismo, la industria Fintech continúa ocupando un rol relevante dentro del ecosistema económico argentino. Se trata de un sector que comenzó a desarrollarse años atrás bajo marcos regulatorios nulos o incipientes y que hoy transita una etapa de mayor consolidación, con un entramado normativo más robusto y una presencia cada vez más relevante en la agenda de los reguladores, en particular del Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores. Este proceso plantea nuevos desafíos legales, pero también oportunidades vinculadas a su integración con el sistema financiero tradicional y a pensar todo el tiempo en el lanzamiento de nuevos productos y propuestas innovadoras.

Bajo todo este contexto, entendemos que también se redefine el rol del abogado y el perfil de los profesionales que demanda el mercado. Notamos que los tiempos actuales requieren asesores con una visión integral de las distintas áreas del derecho y una clara mirada de negocios, capaces de comprender no solo el marco normativo aplicable, sino también la lógica económica de cada proyecto. La tendencia a una especialización excesivamente acotada, limitada a un único nicho de práctica, muchas veces restringe la capacidad de brindar soluciones completas al cliente y de identificar nuevas oportunidades de negocio. Por el contrario, entendemos que la consolidación de firmas sólidas, integradas por profesionales con experiencia transversal y capacidad de liderazgo, resulta clave para acompañar este nuevo ciclo. Hoy, el abogado exitoso es aquel que puede moverse con solvencia en marcos regulatorios complejos —como los de minería, energía u oil & gas— y, al mismo tiempo, liderar procesos de M&A, estructurar financiamientos bancarios o en el mercado de capitales, detectar de manera temprana los impactos impositivos y regulatorios de cada inversión, ofrecer soporte en estructuras de gobierno corporativo más transparentes y sólidas, etc.

Todo este escenario se ve potenciado por un contexto macroeconómico que, con matices, comienza a mostrar señales de mayor estabilidad. En la medida en que el plan económico de la gestión de Javier Milei se reafirma y exhibe indicadores de previsibilidad y disciplina fiscal, se percibe una mayor confianza por parte de inversores internacionales. Desde las últimas elecciones legislativas de medio término en octubre de 2025, esta confianza se ha traducido en un incremento concreto del flujo de consultas y proyectos, especialmente provenientes del exterior.

En definitiva, el clima de negocios muestra una Argentina que comienza a enviar señales más claras y firmes de seguridad jurídica y apertura a la inversión privada. El desafío hacia 2026 será consolidar esta tendencia y transformar las expectativas en inversiones efectivas y sostenidas en el tiempo, acompañadas por un marco legal estable, coherente y previsible.

Socia en O'Farrell / Derecho Público y Administrativo

El 2026 se perfila como un año con oportunidades concretas para la industria energética y minera en Argentina así como en el desarrollo de la infraestructura asociada a su producción, logística y transporte. En energía, el foco estará puesto en afianzar la implementación de los cambios regulatorios vinculados a la normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y en consolidar un marco que incentive inversiones en infraestructura, donde aún quedan definiciones pendientes; mientras que en minería el objetivo será acelerar la ejecución de proyectos —en particular de minerales críticos— y lograr que ese impulso se traduzca en desarrollo de proveedores, inversiones complementarias e infraestructura asociada. Cabe señalar que todos los proyectos mineros incluyen un importante proyecto energético, por definición, por donde ambos sectores reconocen puntos de contacto.

En energía, 2026 exigirá dar previsibilidad a la implementación de la normalización del MEM: traducir las reglas ya adoptadas en prácticas operativas estables, con definiciones claras sobre despacho, precios, pagos y administración de riesgos contractuales. A la vez, la agenda regulatoria deberá acompañar decisiones de inversión en obras críticas para el sistema, especialmente ampliaciones de transporte, para mejorar la confiabilidad, facilitar la incorporación de nueva oferta y sostener un mercado con mayor espacio para la contratación y la comercialización entre privados.

Un sector que tiene puntos de contacto con la energía y un enorme potencial, es el de los grandes centros de cómputo, proyectos electrointensivos, necesarios para sostener la creciente demanda de procesamiento de datos vinculada a la inteligencia artificial.

En minería, el desafío será convertir el interés por minerales críticos —clave para tecnologías asociadas a la transición energética— en proyectos ejecutables, evitando demoras por trabas administrativas (permisología, coordinación Nación–provincias–municipios, servidumbres y logística) y gestionando tempranamente licencias sociales, acceso a tierras y cuestiones ambientales. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya muestra aprobaciones en proyectos vinculados a litio y cobre y puede traccionar inversión directa, con impacto en proveedores e infraestructura asociada.

En ambos sectores, 2026 exigirá dar continuidad a las políticas ya iniciadas, sostener señales claras y estables para la inversión y fortalecer la coordinación interjurisdiccional (Nación, provincias y municipios) a fin de acelerar permisos y obras, reducir fricciones regulatorias y materializar inversiones y proyectos.

Socio en Tavarone Rovelli Salim Miani / Derecho Bancario y Mercado de Capitales

En Banking & Finance, la lectura para 2026 es claramente constructiva. Después de un 2025 sólido, con buen volumen y transacciones relevantes, creemos que el punto de partida es aún mejor, con más volumen y transacciones cada vez más sofisticadas.

En materia de desafíos, la volatilidad macro sigue siendo un tema. En 2025, el mercado se movió como un electrocardiograma, impulsado por factores domésticos (tasas altísimas, calendario electoral) y por factores externos (cambios en el escenario político internacional, discusión de aranceles).

Otro desafío es el talento: formar y retener abogados senior y semi-senior que combinen criterio técnico, velocidad de ejecución y sensibilidad comercial. Con la demanda creciendo, la capacidad del equipo se vuelve un activo estratégico y, bien gestionada, permite que los socios se enfoquen en desarrollo de negocio y originación.

El tercer desafío son los controles de cambio. Aunque más flexibles, siguen presentes y continúan definiendo la bancabilidad real de muchas transacciones. En particular, sigue pendiente avanzar en mecanismos más ágiles para la constitución de garantías sobre flujos y la implementación de cuentas de reserva offshore, que son estándar en financiamiento de proyectos.

Del lado de las oportunidades, 2026 se perfila favorable en varios frentes. Por un lado, la reactivación del crédito doméstico, con mayor originación y una oferta más amplia de productos, luego de años de política monetaria contractiva y un marcado efecto de crowding out del crédito privado. Por otro, la reapertura del mercado internacional para emisores argentinos blue chip, con potencial de ampliarse gradualmente hacia un universo más amplio de compañías, habilitando refinanciaciones. Finalmente, el financiamiento de infraestructura para grandes proyectos, principalmente en energía, minería y oil & gas, donde el desafío y la oportunidad es convertir proyectos atractivos en estructuras verdaderamente financiables y ejecutables.

Socio en Munilla Lacasa, Salaber & de Palacios / Derecho Penal

Un país en el que la mayoría de sus noticias cotidianas giran alrededor de asuntos penales, es un país que indudablemente no está bien. Sobre todo porque esos asuntos no avanzan en los tribunales al ritmo deseado. Se palpa la impresión, desde hace unos años, de que se ha judicializado la política y, como contracara, se ha politizado la justicia. No está bien.

Dicho esto como preámbulo, existen grandes desafíos -y consecuentemente oportunidades- para este año. 

El nuevo Código Procesal Penal Federal comenzará a regir en CABA en abril (ya está vigente en varias provincias y en ciudades de Buenos Aires) e implicará un significativo cambio en las investigaciones penales, con la obligada adaptación que supondrá para todos los operadores del sistema, abogados incluidos. Mayor informalidad, oralidad e inmediatez, a la par de menores posibilidades para recurrir, generará una necesaria y bienvenida reducción de los holgadísimos tiempos procesales actuales. He aquí una buena oportunidad para revertir la pobre imagen que tiene la Justicia.
Por otro lado, más legisladores propios y previsibles consensos con fuerzas aliadas o de la oposición, le garantizan al gobierno la discusión y posible aprobación del nuevo Código Penal, que es una asignatura pendiente de anteriores administraciones.

Entre otras novedades, se uniformará en un solo catálogo el universo de leyes y disposiciones penales, actualmente dispersas en distintos ordenamientos.

Probablemente se produzcan otras modificaciones legislativas provenientes de la política desregulatoria encarada por el gobierno, o producto de necesarias actualizaciones, como la reciente reforma de la ley penal tributaria, que en general ha elevado en forma significativa los mínimos de los importes diseñados como condición objetiva de punibilidad, y que naturalmente aparejará numerosos planteos en todas aquellas causas que están en trámite.

De cualquier forma, el gobierno no tiene asegurado el apoyo irrestricto de la oposición y la resistencia que ha despertado el reciente DNU que modifica la ley de inteligencia es una buena muestra de ello.

La consolidación de la IA en la mayoría de las actividades, incluida la abogacía y su implementación paulatina en los procesos judiciales representa un enorme desafío de contornos y consecuencias aún no muy definidas. En lo que respecta a nuestra práctica su irrupción es innegable, pero difícilmente pueda desplazar valores como la confianza, la contención y la experiencia, que de momento solo pueden brindar los buenos abogados.

Asimismo, los mercados que se abrirían con la UE y con Estados Unidos, aunque resten ciertas formalidades para su implementación, constituyen grandes desafíos y a la vez oportunidades de negocios e inversión que indudablemente repercutirán en nuestro ámbito.

Vivimos en un mundo convulsionado, qué duda cabe, en el que continuamente se van redefiniendo conceptos, ideas, normas y límites que creíamos más estables y robustos. Esto de por sí implica un irrenunciable desafío, que solo si somos conscientes y estamos preparados podremos convertir en oportunidades de crecimiento.

Socio en Guyer & Regules (Uruguay)/ Sociedades & Servicios Contables y Derecho Tributario

El 2026 encuentra a Uruguay en un punto de inflexión en materia de residencia fiscal y tributación de activos en el exterior. A partir de este año, los residentes fiscales (que no estén en el régimen de “tax holiday”) pasan a estar gravados no solo por los rendimientos de capital mobiliario del exterior (intereses, dividendos) sino también por los rendimientos de capital inmobiliario e incrementos patrimoniales derivados de activos situados fuera de Uruguay.

Este nuevo escenario vuelve especialmente relevante la revisión de las estrategias de inversión y entender de manera anticipada cuál sería el impacto concreto en cada caso. Cabe destacar que, pese a estas modificaciones, los activos del exterior siguen sin estar gravados por el Impuesto al Patrimonio en Uruguay.

Asimismo, a partir de 2026 cambian las condiciones para acceder al régimen de “tax holiday”. Los nuevos residentes fiscales deberán cumplir con alguna de las siguientes condiciones para no tributar por los activos del exterior por 11 años: i) permanecer más de 183 días al año en Uruguay; ii) invertir en inmuebles aproximadamente USD 2.000.000; o iii) invertir aproximadamente USD 100.000 anuales en ciertos fondos de inversión que determine el Gobierno.

Un cambio positivo que trae la nueva norma es que aquellos que hayan terminado o vayan a terminar su “tax holiday” tienen la posibilidad de pagar por 5 años el 50% de la tasa de impuesto a la renta (en caso de realizar ciertas inversiones) o de incluso pagar un monto fijo por hasta 20 años que incluya a todos los resultados del exterior.

En Guyer & Regules, nuestro foco está en acompañar a los clientes en la toma de decisiones que mejor se adapten a sus necesidades, brindándoles un asesoramiento integral en materia migratoria, tributaria, contable, jurídica y notarial, y acompañándolos en todas las etapas de su proceso de planificación y radicación en Uruguay.

Socio en Allende & Brea / Inteligencia Artificial, Propiedad Intelectual, Privacidad y Ciberseguridad, Fintech y TMT

En mi área de práctica considero esencial diferenciar 4 ejes: tecnología general, datos personales, inteligencia artificial y propiedad intelectual.

Tecnología general: Continuarán planteándose conflictos sobre validez de firmas digitales, prueba electrónica y responsabilidad civil de plataformas digitales. El desafío permanente será aplicar normas tradicionales a contextos tecnológicos cambiantes. Me atrevo a decir que el estándar creado por la Corte Suprema en el caso "Belén Rodríguez v. Google" ya está un poco obsoleto frente al fenómeno de los deepfakes y las fake news, lo que exigirá repensar las herramientas legales para enfrentar casos de manipulación digital sofisticada.

Inteligencia artificial: Con su adopción masiva surgirán inevitables planteos regulatorios. Si bien el gobierno actual probablemente privilegie no regular para evitar frenar la innovación—postura acertada en principio—no puede olvidarse que las reglas jurídicas vigentes ya se aplican a la IA. El verdadero desafío seguirá siendo interpretar y adaptar normas existentes a estas nuevas realidades tecnológicas.

Datos personales: Aquí radica quizás el mayor desafío estructural. Argentina necesita urgentemente actualizar su marco normativo a estándares internacionales. La Ley 25.326, con más de un cuarto de siglo, representa en materia digital prácticamente la prehistoria jurídica. La AAIP trabaja en un nuevo proyecto basado en el Convenio 108 modernizado, lo cual es fundamental. La oportunidad clave es que gobierno y Congreso puedan entender que una ley robusta de protección de datos personales es un enabler para negocios, no un obstáculo. Constituye un piso mínimo —ya casi estándar internacional inevitable— que permite competitividad y confianza y refuerza la ciberseguridad, tan importante para el sector privado y tan olvidada por el Estado nacional (que tuvo en los últimos años más de 50 incidentes de seguridad). Esto no implica caer en sobreregulación o sobre-enforcement, sino establecer reglas claras que faciliten flujos de datos responsables y sostenibles.

Propiedad intelectual: Es fundamental aprovechar el flujo innovador que traerá el acuerdo con EE. UU. para actualizar las normas de propiedad intelectual en todas las áreas e implementar los tratados de protección pendientes, de manera de modernizar nuestro sistema de PI. Esta actualización beneficiará tanto a actores locales como extranjeros, creando un marco normativo competitivo que favorezca la inversión y el desarrollo tecnológico.

Asociado Senior en Hope, Duggan & Silva / Sociedades, Fusiones y Adquisiciones (M&A), Operaciones Bancarias y Financieras, Mercado de Capitales, Reestructuraciones de Deuda y Concursos y Asuntos Judiciales

El año 2026 combina expectativas moderadas de reactivación con la cautela propia de un contexto aún marcado por restricciones estructurales y con una evolución normativa que no se detiene y que en este período de sesiones extraordinarias puede sumar más reformas. Esto, en un marco de tensión respecto de la reactivación de la actividad y el control de la inflación.

Lo primero será entonces prestar atención a la regulación tanto a la actualmente en negociación en el congreso, como al reordenamiento que el gobierno nacional pueda seguir llevando a cabo y al ajuste de las legislaciones locales a estos nuevos marcos. Pero la experiencia indica que el impacto reactivador que los ajustes normativos podrían tener sobre la actividad económica y financiera, no son automáticos. Por eso, más allá del marco general, algunos sectores merecen especial atención.

En el universo fintech, una incógnita es si 2026 marcará el avance hacia una regulación más integral. El gobierno es percibido como un interlocutor con el que puede negociarse una regulación “amistosa”, aunque conviven con ello algunas críticas a ciertas iniciativas regulatorias. Un desafío importante en este campo será equilibrar los requisitos regulatorios con la cercanía (al menos de palabra) con grandes empresarios tecnológicos (Musk/Galperín) y la necesidad de responder a los célebres episodios críticos vinculados al ecosistema cripto. Es posible que veamos más procesos de integración y convergencia, como Macro/Personal o el ingreso de fintechs al régimen bancario, con el caso de Mercado Pago como referencia.

En materia de controles de cambios, no creemos que vayamos a ver levantamientos drásticos de las restricciones que afectan al stock heredado de importaciones y dividendos atrasados a diciembre de 2023. Comenzará a sentirse el impacto de las distribuciones de dividendos por ganancias 2025 y, progresivamente, el vencimiento de deuda privada.

Finalmente, el sistema bancario enfrenta dos interrogantes clave: cómo competir con las fintech y si el crédito vuelve a expandirse. Esta última cuestión depende de qué sectores requerirán financiamiento, de un eventual regreso de Argentina al mercado internacional y de la activación efectiva de los RIGI y de la obra pública vía concesiones/licitaciones, ya en marcha.

En síntesis, 2026 será un año de definiciones regulatorias y estratégicas, pero con oportunidades concretas para quienes sepan anticipar los cambios y ponerse así a la vanguardia de oportunidades de negocios. En ese marco, el abogado tiene una importancia fundamental y puede agregar valor en todos los sectores y niveles involucrados en las transformaciones que sin dudas pueden tener su génesis y primer desarrollo durante este año 2026.

Managing Partner en Zang, Bergel & Viñes Abogados / Reestructuraciones, Insolvencia y Distressed M&A

Si 2025 nos encontró muy ocupados y con niveles de trabajo que no veíamos hace mucho tiempo, creo que 2026 será aún mejor. 

Los cambios regulatorios implementados, sumados a la estabilidad económica, generaron el clima propicio para invertir en nuestro país. Si bien todavía hay mucho por trabajar —y claramente faltan reformas clave, como la laboral—, ya se ven inversiones en la economía real que impulsarán firmemente el desarrollo y generarán nuevas y grandes oportunidades. 

Hay movimiento en el área de M&A, mucha actividad en real estate, energía y minería y una vuelta del mercado de capitales que recuerda a viejas épocas. Somos optimistas respecto de lo que será 2026 tanto para el país como para ZBV Abogados.

Socia en TCA Tanoira Cassagne / Mercado de Capitales. Derecho Financiero y Bancario

De cara a 2026, el mercado de capitales y el sistema financiero argentino enfrentan el desafío de transformar la estabilización en crecimiento estructural. La estabilidad macroeconómica, el engrosamiento de reservas y la baja del riesgo país deben converger en un levantamiento gradual de las restricciones cambiarias, condición sine qua non para traccionar inversión extranjera directa por fuera del RIGI.

En este proceso, los sectores de Oil & Gas y Minería liderarán la recepción de capitales. El Project Finance será la figura más adecuada para instrumentar estos desembolsos; el gran reto regulatorio será la transición de utilizar esta estructura bajo el paraguas del RIGI a lograr que sus principios de libre disponibilidad y seguridad jurídica sean las condiciones normales aplicables por el regulador, sin necesidad de regímenes especiales.

Asimismo, las oportunidades se expandirán hacia el crédito privado y las emisiones corporativas internacionales. En paralelo, la tokenización de activos profundizará el mercado permitiendo un trading 24/7 e incorporando a un público inversor joven y digitalizado que demanda agilidad.

Este escenario obligará a los actores del sistema a una reinvención profunda. Sin el negocio de la "brecha" los ALyCs deberán volcarse a negocios genuinos de su giro ordinario. Para los bancos, el fin del financiamiento al sector público exige diversificar productos de crédito hacia el sector privado, retomando su rol de motor de la economía real.

Bajo este nuevo paradigma, el 2026 marca el camino para que la excepcionalidad de los incentivos dé paso a una normalidad jurídica competitiva. Este escenario, cimentado en un camino de apertura de Argentina al mundo y su integración a los flujos globales de inversión, será el catalizador necesario para que el sistema financiero cumpla su rol estratégico: financiar de manera sostenible el desarrollo nacional.

Socio en Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen / Bancario y de las Entidades Financieras, Financiamiento de Proyectos e Infraestructura, Fusiones y Adquisiciones de Empresas, Inversiones en Empresas y de Capital de Riesgo, Mercado de Capitales, Reestructuración de Deuda y Fintech & Startups

De cara a 2026, el principal desafío —y, al mismo tiempo, la mayor oportunidad— para los estudios jurídicos en Argentina será acompañar un ciclo que, tras varios años de volatilidad, combina la consolidación de un proceso de normalización macroeconómica con un nivel razonable de previsibilidad política. Un Congreso alineado con el Poder Ejecutivo —lo que debería traducirse en la capacidad del oficialismo de profundizar el sendero de desregulación y reformas estructurales, esta vez con sustento legislativo— y la ausencia de un calendario electoral relevante reducen sensiblemente el tradicional “ruido argentino”, un factor que históricamente ha condicionado la toma de decisiones de inversión.

En ese contexto, y tomando como termómetro la dinámica observada durante los últimos meses de 2025, resulta razonable anticipar un aumento significativo de la actividad transaccional. Ello se refleja tanto en el marcado crecimiento de operaciones de fusiones y adquisiciones —incluyendo procesos bilaterales y competitivos en sectores clave como minería, oil & gas y energías renovables— como en el ámbito de los financiamientos, donde se destacó el “boom” de emisiones internacionales de deuda en el último trimestre de 2025, tanto del sector público como del privado, y se vislumbra incluso un eventual retorno de los IPOs internacionales de emisores argentinos.

Ahora bien, desde el punto de vista regulatorio, uno de los ejes centrales será la esperada —y ojalá definitiva— flexibilización del régimen cambiario aplicable a personas jurídicas. Si bien ya se verificó una relajación relevante desde el cambio de gobierno, el mercado aún espera una liberalización más profunda, que elimine definitivamente las rémoras del control cambiario del período 2019-2023 y permita la plena reinserción de las compañías argentinas en los mercados internacionales.

En síntesis, 2026 puede marcar un verdadero punto de inflexión. Los estudios que logren adaptarse con agilidad y ofrecer soluciones prácticas en un entorno regulatorio en transformación estarán en una posición privilegiada para capitalizar una etapa de expansión que el mercado legal argentino viene esperando desde hace tiempo.

Socio en Guyer & Regules (Uruguay)/ Real Estate y Energía & Infraestructura

Perspectivas del mercado inmobiliario uruguayo: Desafíos y Oportunidades hacia 2026

El análisis del horizonte hacia 2026 nos presenta un panorama de dualidad para el mercado uruguayo. Si bien la tradicional estabilidad jurídica, el alto índice de democracia (#1 en Latam y #15 a nivel mundial, The Economist), el más bajo índice de corrupción de Latam (Transparencia Internacional) y la alta calidad de vida del país continúan siendo pilares de atracción para la inversión, emergen desafíos coyunturales que exigen una acción estratégica para continuar avanzando.

Los Desafíos:
El principal reto para la continuidad de la expansión del mercado inmobiliario es macroeconómico: la persistencia del atraso cambiario. Con un peso uruguayo muy apreciado (según el consenso de los analistas) y en un país donde los precios de los inmuebles se expresan (y transan) en dólares estadounidenses, los desarrolladores están enfrentando una fuerte presión sobre la rentabilidad de los proyectos: sus costos de construcción (mano de obra, aportes a la seguridad social, muchos de los materiales) son en pesos uruguayos y se ajustan por índices (de precios al consumo o de la construcción, según el caso), que año a año vienen siendo superiores a la evolución del tipo de cambio, mientras que el precio de venta de los inmuebles, nominados en dólares, no pueden acompañar esos incrementos.

Otro desafío importante y, quizás, de más rápida solución es de carácter administrativo y tiene que ver con los plazos de aprobación de proyectos inmobiliarios por parte de las Intendencias Departamentales. Los plazos de aprobación de recategorizaciones de suelo y/o de permisos de construcción son, muchas veces, exageradamente largos, lo que genera cuellos de botella, dificulta la comercialización y retrasa el inicio de nuevas obras. Una mayor desregulación y/o flexibilidad en la tramitación de estos (por ejemplo, mediante aprobaciones fictas bajo declaración jurada de los técnicos) sería deseable.

Las Oportunidades:
Sin perjuicio de los desafíos nombrados, hay claras oportunidades para inversores con una mirada de largo plazo. Uruguay sigue siendo un refugio de valor en la región, y los beneficios fiscales para la vivienda promovida y las construcciones nuevas de gran dimensión, continúan siendo un fuerte incentivo.

Vemos un crecimiento sostenido de barrios verdes en zonas periféricas tanto de Montevideo como de Canelones y Maldonado, impulsados por cambios demográficos, a lo que se agrega, en los últimos años, un segmento premium en zonas costeras que genera mucho interés de público internacional que busca tener una propiedad como segunda residencia.

Socia en O'Farrell / Tributario

El 2026 inicia con una agenda de reformas normativas estructurales tendientes a la simplificación y a incentivar la inversión, importantes cambios en materia de tributación internacional y una fuerte expectativa respecto a las futuras reformas en materia tributaria.

En este contexto, la Ley de Inocencia Fiscal -recientemente sancionada- incorpora cambios en el régimen penal tributario, en las multas administrativas, en la prescripción, y un novedoso régimen de declaración jurada simplificada para personas humanas. La reglamentación -aún pendiente- resulta crucial para cumplir con los objetivos propuestos por esta ley.

Por su lado, la entrada en vigor -en 2026- del Instrumento Multilateral en el ámbito de nuestro país plantea el desafío de aplicar una novedosa herramienta de tipo multilateral en el análisis de ciertos convenios bilaterales celebrados por Argentina. El Instrumento Multilateral es el producto del proyecto BEPS impulsado por la OECD y busca incorporar los estándares mínimos para mitigar el abuso de los convenios y la erosión de la base imponible.

En materia de próximas reformas, podemos identificar, al menos, dos iniciativas que se esperan para los próximos meses.

En primer lugar, la nueva resolución general de precios de transferencia. A finales del 2025, ARCA activó un proceso de elaboración participativo de normas a través del cual los contribuyentes pudieron aportar comentarios al proyecto normativo. La nueva resolución general será un aspecto central, especialmente considerando la integración de Argentina en la economía globalizada.

En segundo lugar, el proyecto de modernización laboral incluye un capítulo con ciertas reformas tributarias, una de ellas es el tema de la actualización de quebrantos, aspecto que ha representado un tema candente en Argentina desde hace varios años.

En suma, el año 2026, en materia tributaria, requiere a los asesores y a las empresas estar en sintonía con la nueva agenda tributaria y optimizar los recursos de forma tal de incorporar estos cambios en los análisis de la forma más eficiente y rápida posible.

Socio en Abeledo Gottheil Abogados / Comercio Exterior

En lo relativo al Comercio Exterior, todo indica que la actividad se expandirá durante el año 2026.

La República Argentina tendrá la oportunidad de incrementar sustancialmente sus exportaciones de granos y productos semielaborados derivados debido a lo que se espera como una cosecha récord. También tendrá la oportunidad de aumentar sus ventas al exterior de productos derivados de la industria extractiva, minería y energía, debido a las reservas con que cuenta el país, ventajas competitivas e inversiones que seguirán llegan de la mano de sistemas de incentivos, como los que ofrece el RIGI. 

Considero que también hay buenas perspectivas para el sostenimiento de crecientes exportaciones de servicios. A pesar del declive educativo de las últimas décadas, Argentina continúa siendo generadora de talentos y emprendedores, contando con una ventaja comparativa innegable a nivel regional, e incluso global debido a los conflictos e incertidumbres que hoy afligen a Europa. Entretanto, es esperable que continúe la política de apertura comercial, lo que redundará paralelamente en el incremento de importaciones, incluso de bienes durables y de capital.

El desafío es continuar por una senda de estabilidad, que disminuya el riesgo país y dé acceso al crédito internacional, público y privado. Al tiempo, podrán también continuar flexibilizándose las restricciones cambiarias imperantes, aunque con prudencia hasta conseguir un importante incremento de las reservas con que cuenta el Banco Central. 

Socia en Zang, Bergel & Viñes Abogados / Mercado de Capitales

El Mercado de Capitales y el sector financiero argentino se está dinamizando muchísimo desde el año pasado con excelentes perspectivas para el 2026. En ZBV tenemos muchísimo trabajo que, por suerte, estamos pudiendo abastecer en tiempos récord. Después de años de baja actividad en el sector, hoy el mercado de capitales volvió con mucha potencia. El pipeline muestra deals internacionales, no solamente de deuda sino los tan esperados IPOs de compañías varias, transacciones relacionadas con los RIGI, fondos de private equity y private lending con apetito por el país. 

Conjuntamente con María Angélica Grisolía, socia del área, notamos que durante 2025 se consolidaron los cambios iniciados en 2024, marcando una fase de normalización y reactivación del sistema financiero y del mercado de capitales. Creemos que la principal oportunidad para 2026 será sostener este impulso, confiando en que las autoridades regulatorias continúen avanzando en la modernización del marco legal, la simplificación de requisitos y la ampliación del acceso a los mecanismos de financiamiento. 

Como principales jugadores en el área y siendo asesores de los mayores emisores de acciones y deuda en el mercado local e internacional, notamos que empiezan a volver transacciones financieras selectivas, no rutinarias y de alta complejidad, de alto peso material en monto.

El desafío será acompañar a nuestros clientes en este proceso con transacciones innovadoras y seguras, alineadas con estándares internacionales y la normativa local, ayudándolos a navegar los cambios regulatorios, mitigar riesgos y capitalizar las oportunidades que presenta esta nueva etapa del mercado.